Como un monstruo anónimo y voraz aumenta y se expande la violencia en la llamada macro zona sur. Hoy a los habituales blancos se suman civiles y carreteras públicas. ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema? Conversamos con la Multigremial de la Araucanía en busca de respuestas.
Texto: Rodrigo Castillo Fotos: Multigremial Araucanía
Las cifras simplemente son elocuentes e innegables: en la primera mitad del año, según cifras de Carabineros y la PDI, se registraron 866 hechos de violencia, equivalentes a un 94% más que en el primer semestre del 2020, cuando se llevaron a cabo 66 eventos de este tipo. De esa cifra, La Araucanía es la región que más concentra este tipo de hechos, con 589; le sigue el Biobío, con 253; y más atrás Los Ríos, con 19; cita el medio digital El Dínamo, el 21 de agosto pasado.
Desde esa fecha hasta el cierre de esta edición, la Asociación de Contratistas Forestales -Aco- forag- hizo público un informe de los hechos de violencia que han afectado al rubro en la zona desde marzo del año 2018, desde que asumió el Presidente Sebastián Piñera.
La gremial dió cuenta de que durante el mandato de Michelle Bachelet el total de atentados fue de 77 y en el de Sebastián Piñera 212; con 235 equipos destruidos versus 763, respectivamente. En cuanto al territorio involucrado en estos ataques, durante el período de Bachelet fueron en promedio nueve comunas afectadas por algún atentado y durante el actual gobierno esta cifra asciende a 23 comunas de la Macrozona Sur.
Junto con ello, se dio a conocer que, tanto los ataques incendiarios, las maquinarias destruidas, y las comunas afectadas, se triplicaron en los últimos tres años en la Macrozona Sur.
Para conocer desde la zona la situación, Revista Sobre Ruedas de CNTC conversó con Carlos Zirotti, director ejecutivo y Patricio Santibañez, presidente. Ambos de la Multigremial de la Araucanía, una entidad que define su principal objetivo promover un ambiente propicio para el desarrollo de negocios en la Región de la Araucanía.
Cómo dato, Zirotti comenta que el 88% de los casos entre 2018 y 2020 no se conocieron los autores de los hechos de violencia acaecidos en la zona. “Es una ipunidad absoluta, agrega”
¿Cuál es la situación actual de la violencia en la zona de la Araucanía?
Lo vemos como una crisis de impunidad. Derechamente una amenaza al sistema democrático. Si uno hace memoria, esto comenzó como ataques dirigidos hacia las forestales y sus empleados, hacia transportistas, agricultores; eso hoy se extiende a la policía, con casos donde han llegado a sus casas a atentar contra ellos, a los fiscales, y a los jueces; es decir a todo el sistema. Lo que se quiere es imponer -por la vía de la violencia- un conjunto de ideas. Es una crisis de impunidad porque nunca hay responsables por estos hechos; que se convierte en una amenaza cierta a todo el sistema y a la democracia en nuestra región.
¿Cuáles son las variables, propias de la macro zona sur que a su juicio son determinantes en esta situación?
Hay dos cosas, obviamente hay que reconocer que es un problema -en la mayoría de los casos, no en todos- esto ocurre en un medio rural. Cuando vas al campo o la montaña, con vegetación, cerros, debes usar cartografía, para saber sobre los caminos, de dónde viene la gente: Significa una preparación distinta para un delito urbano. A nuestro juicio, al momento, no ha existido la preparación para abordar un tema de este tipo, pero además creemos que no ha existido la voluntad de poner los recursos necesarios para abordar un problema que es complejo. Encontrar a los perpetradores, requiere un nivel de preparación, de anticipación, de recursos y eso, lamentablemente, no existe. Eso explica en buena parte los malos resultados.
Desde esa misma perspectiva ¿quién tendría el conocimiento para realizar estos actos y quedar impune?
Sin duda, quien tiene ese conocimiento es la gente que trabaja en la zona. Si se realiza un catastro en la zona, es evidente que entre un 70% a 80% de estos delitos ocurren en los mismos lugares, por lo que es muy probable que las personas que viven ahí, saben donde viven los autores. Si tuvieran un buen sistema de anticipación podrían lograr detectar dónde son los movimientos, etc. Nosotros venimos planteando con mucha fuerza, que no puede ser que por los caminos que todos conocen transiten personas con armamento, con materiales incendiarios. Ellos no circulan por toda la región. Si existiese una verdadera decisión se pondrían controles bien im- plementados, quizá se necesiten contenedores blindados, elementos para disminuir la velocidad de los vehículos, si eso se quisie- se hacer, probablemente limitaría mucho la movilidad de los grupos que realizan estos atentados.
Desde la experiencia en la zona ¿Cómo ha evolucionado este conflicto en términos de cantidad y tipos de hechos de violencia?
Lo más grave que hemos detectado es que en el último tiempo se han utilizado armas de alto calibre contra personas. La muerte del cabo Nain, la muerte del trabajador Pedro Cabrera y otros demuestran que hay uso de armas de alto calibre, y esa es una etapa distinta a la que se había dado en años anteriores. En términos de cantidad, los atentados incendiarios junto con los ataques con armas de fuego, en años anteriores eran de alrededor de 150 por año, ahora, en 2021, a la mitad del año serán más del doble de esa cifra. El sistema de justicia y el sistema policial nunca han dado resultado, hoy depende más de los autores esta intensidad que de la autoridad.
¿Cómo se puede descomprimir la violencia en la zona a su juicio?
Hay que avanzar en los acuerdos políticos, resolver temas y atender la demanda de muchas comunidades mapuches. Esto no significa entregar todo lo que piden sino establecer diálogo, conversar, negociar. Este proceso hay que hacerlo, no será breve, pero en la medida que exista conversación esto se puede resolver; y al mismo tiempo que el Estado disponga de la correcta fuerza para contener y controlar la situación para restablecer el Estado de Derecho que garantice la libertad y seguridad de las personas, para está el Estado. Acá vemos que no hay un reforzamiento de la seguridad, de acuerdo con la magnitud del problema. Evidentemente hay un factor político y es que genera miedo de tomar medidas, pero si no se hace nada esto no hace más que crecer.
A su juicio, ¿Cuáles son los posibles actores interesados en mantener esta situación de violencia en la Araucanía?
Dentro de este problema, se encuentra el tema de tierras, que a nuestro juicio ha sido muy mal tratado. Es una mala idea en general asignar tierra a comunidades y se prohíbe venderlas, pasa que esas tierras se subdividen y se convierten en unidades muy pequeñas, la solución planteada es darles más tierras y el problema aumenta. Si se ve el tamaño de las propiedades hoy, son cada vez más chicas y ahí está focalizada buena parte de la pobreza de la región. Es mejor hacer buenas inversiones en campos sin uso y además estos terrenos se han entregado a las comunidades más violentas. Temucuicui tenía un desmedro de tierras de 50 hectáreas y le han entregado 3.000, más de 15 mil millones de pesos invertidos para poner cultivos de marihuana y el resto de los terrenos botados. Dentro de este problema hay grupos que son enemigos de la empresa privada, no son los mapuches, que tiene sus negocios, y esos grupos quieren un territorio autónomo, una nación autónoma. Esos grupos y sus relaciones con el delito, es el tema. Ojalá que alguien pudiese convencerlos que también, lo veo difícil, lo que corresponde es aplicar las leyes.
¿Cómo dimensionar los daños en términos económicos en la región, a raíz de esta violencia?
Lo más importantes es la seguridad de las personas, la libertad de trabajar donde quieran, de poder desplazarse; dicho eso, los costos económicos son enormes, pero muy difíciles de cuantificar. Solo podemos especular sobre las inversiones que no se hicieron. Si uno compara, nuestra región de la Araucanía tiene un 20% de inversión privada y un 80% de inversión estatal y en la mayoría de las regiones es al revés: luego tenemos los daños a los bienes de capital, en 2020 se siniestraron del orden de unos 300 vehículos, unas 100 construcciones, y unos 150 equipos de producción eso ya lleva a una pérdida de varios millones de dólares, fuera de eso las empresas de la zona operan con seguros más caros, además de costos logísticos al no poder utilizar los camiones cuando lo requieren, no poder cosechar cuando se necesita; todos con de un costo de oportunidad tremendo, pero lo más importante es lo que no vemos: la inversión perdida por esta situación y que son, al final, oportunidades para la gente.
¿Cuál es la propuesta de la Gremial de la Araucanía para frenar o mitigar esta situación de violencia?
Hay que establecer un diálogo profundo, de largo plazo, con las comunidades, para establecer primero, claramente cuáles son sus necesidades para compensarlas -a juicio de algunos- o ayudarlas -a juicio de otros- de manera de disponer recursos para que tengan un mejor futuro. Esto es central. Por otra parte, creo que hay que trabajar de manera firme, en ser como Estado más eficaces en los temas policiales y de justicia. No puede ser que hallan personas que disparen, maten y ataquen de manera impune. Un camino de diálogo no va a funcionar porque van a ganar los violentos.
A su juicio, ¿Hacia dónde se dirige esta situación de violencia?
Hasta el momento lo único que ha hecho es escalar. Escalar en violencia, escalar en costos y magnitud. La solución pasa por dos vías, el diálogo y mantener el Estado de derecho. Creemos que cada vez la gente tiene más entendimiento del problema, la cosa hoy es más matizada. Sabemos que hay una situación de pobreza que debemos resolver, pero también que hay grupos claramente violentos. En la medida que esto se sepa, los políticos podrán tener más atención y de presión para resolver el problema.
