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Hoy entregan propuesta al ministro del Interior en La Moneda

Dirigentes que llegaron a Santiago en agosto pasado en protesta por la violencia en La Araucanía también solicitan cambios al sistema de compra de tierras.  

Una propuesta de siete puntos entregarán hoy al ministro del Interior, Jorge Burgos, los dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, que llegaron hasta La Moneda el 27 de agosto en protesta por la violencia en La Araucanía.

En el documento, al que tuvo acceso “El Mercurio”, plantean cambios legales que den más facultades a las policías, aumento a penas por usurpación, un fondo indemnizatorio a víctimas y modificaciones al sistema de compra de tierras en el marco de la Ley Indígena.

Luego de haber entregado un primer petitorio a Burgos, afirman que la respuesta recibida fue insatisfactoria, ya que estiman “insuficientes las medidas que describe en ella para resolver el grave problema en materia de inseguridad y acciones terroristas que asuelan al país”.

Sobre las policías, piden otorgar suma urgencia al proyecto de ley que permite a Carabineros y a la Policía de Investigaciones practicar, sin orden previa, las primeras diligencias de investigación de un delito.

También proponen modificaciones legales para que las policías entren a lugares cerrados sin autorización u orden, “a fin de proteger víctimas y asegurar evidencia”.

Sobre el delito de usurpación afirman que debe tener asociada una pena privativa de libertad y no solo una multa. También plantean que la sentencia debe incluir la obligación de abandonar el inmueble usurpado y la prohibición de acercarse por al menos dos años.

En el mismo sentido piden que se mencione expresamente en la ley la devolución de las cosas usurpadas, tal como ocurre con las hurtadas, estafadas o robadas.

Los camioneros piden establecer un fondo para indemnizar a las víctimas de delitos “violentos y terroristas” que hayan perdido su fuente de ingresos como consecuencia de estos. “La ley que establezca este fondo podrá permitir al Consejo de Defensa del Estado demandar, luego, a quienes cometieron estos delitos, para que reembolsen al Estado lo que este pagó a las víctimas”, argumentan.

Respecto de la compra de tierras, plantean una serie de criterios para entregar una aplicabilidad a una comunidad indígena, incluyendo que debe postular la comunidad originaria del título de merced y que se descarten criterios de ancestralidad territorial.

Piden buscar medidas alternativas a la compra de tierras, como compensaciones económicas, y que las comunidades renuncien a demandas futuras por más tierras.

“Debe ser una política de Estado no comprar tierras a comunidades violentas y/o personas miembros de comunidades que han participado de hechos delictuales en el marco de la violencia rural con connotación indígena”, agregan, junto con pedir una revisión de los criterios para crear nuevas comunidades indígenas y al reconocimiento de la calidad de indígena.

REUNIÓN
El último encuentro del ministro Burgos con los camioneros fue el 7 de septiembre. 

Fuente: El Mercurio

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